El pirmero de junio fue promulgada la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismos (No. 155-17), la cual deroga la Ley No. 72-02 de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
La promulgación de esta nueva ley viene como consecuencia de las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que buscan la implementación herramientas homogéneas para evitar y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como mayor transparencia en las transacciones comerciales, a través la implementación que estándares que permitan disponer de información sobre los actores y sus beneficiarios finales, y sus actividades.
Considerando que Republica Dominicana se adhirió al Foro Global para la Transparencia e Intercambio de Información con fines Fiscales de la OCDE, el país se comprometió en realizar los cambios necesarios de acuerdo a los estándares previstos; el no hacerlo, afectaría su imagen, al poderse considerar que se trata de un Estado no cooperante, pudiendo provocar limitaciones al acceso al crédito y asistencia de organismos internacionales, tal y como se advierte en las justificaciones indicada en el preámbulo de la citada Ley 155-17.
