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Entradas Recientes

Jiménez Peña asesora a Proparco, DEG y FMO en el financiamiento y refinanciamiento del complejo fotovoltaico Payita, por un total de US$110 millones
El Parque Solar Payita 1, con una capacidad instalada de 60.93 MWp, ya se encuentra en operación e inyectando energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Su financiamiento original, liderado por Proparco, fue cerrado por la firma en diciembre de 2024.

Jiménez Peña realiza exitosa jornada de reforestación en Villa Altagracia
La actividad tuvo lugar en el municipio de Villa Altagracia, a 45 minutos de Santo Domingo, donde los colaboradores de la firma participaron activamente en la siembra de árboles de caoba y cedro, especies nativas esenciales para la restauración forestal, la protección del suelo y la conservación de los recursos naturales de la zona.

Jiménez Peña participa en la 20.ª Reunión Regional Americana de la OIT
La firma de abogados Jiménez Peña se unió a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en la 20.ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada del 1 al 3 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Barceló Bávaro Beach, en Punta Cana.

DGII otorga facilidades de pago con descuentos de hasta 70 % en recargos por deudas tributarias
La Dirección General de Impuestos Internos ha publicado la Circular núm. 03-2026, mediante la cual se establecen nuevas facilidades para la regularización de deudas tributarias de periodos anteriores.

Novedades de la Ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas, promulgada en fecha 28 de julio de 2025
El pasado 28 de julio de 2025 fue promulgada la Ley de Contrataciones Públicas núm. 47-25, una reforma integral que sustituye a la Ley 340-06 y redefine el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en la República Dominicana.

El derecho a regular del Estado frente a la garantía de estabilidad en el marco legal
La estabilidad del marco legal es clave en la aplicación del estándar de trato justo y equitativo que contienen los tratados de inversión, pero no impide a los Estados modificar su normativa o implementar nuevas regulaciones de buena fe en interés público.

















































