Representación de una empresa internacional del sector ferroviario en la defensa ante un amparo constitucional que buscaba suspender la ejecución de un importante proyecto de transporte público por supuestas razones medioambientales. La firma obtuvo una decisión favorable que rechazó la acción y confirmó la conformidad del proyecto con las normas y licencias ambientales aplicables, reafirmando su legalidad y viabilidad. Con un valor superior a €500 millones, se trata de una de las principales iniciativas de infraestructura actualmente en desarrollo en la República Dominicana.

Asesoró a Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique, S.A. (PROPARCO) en una facilidad crediticia a largo plazo de hasta USD 43 millones para el desarrollo, construcción y operación de la planta fotovoltaica Payita I, ubicada en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, al noreste de la República Dominicana. La asistencia de Víctor se centró en los aspectos de terrenos, litigios y estructuración de garantías de la transacción, incluyendo la constitución de hipotecas y otras garantías vinculadas a los inmuebles. La planta cuenta con una capacidad de 50 MWn (60 MWp) y obtuvo su concesión definitiva y un contrato de compraventa de energía (PPA) a 15 años con la empresa estatal EDENORTE.

Representación de una empresa de telecomunicaciones en la impugnación de una sanción administrativa superior a US$6.5 millones impuesta por el regulador del sector (INDOTEL) por el supuesto uso no autorizado de frecuencias radioeléctricas. El caso reviste especial relevancia por sus implicaciones en la legalidad de este tipo de sanciones y en la interpretación de la normativa sobre espectro radioeléctrico. La firma obtuvo una decisión favorable que anuló la sanción e instruyó la celebración de un nuevo juicio ante una sala distinta, reforzando las garantías del debido proceso en los procedimientos sancionadores regulatorios.

Representación de una empresa multinacional de bienes de consumo en una disputa emblemática de precios de transferencia contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) relacionada con la aplicación del principio de plena competencia en transacciones entre partes vinculadas. Se obtuvo una decisión con valor de precedente, que establece que los tribunales deben evaluar la corrección de los comparables y metodologías utilizadas por la DGII cuando sean impugnados, fortaleciendo el control judicial y las garantías procesales en los litigios fiscales de alta complejidad económica.
Representación de una empresa generadora de energía en procedimientos administrativos y constitucionales relacionados con el cumplimiento de los requisitos regulatorios para la instalación y operación de un proyecto de generación eléctrica con una capacidad superior a 200 MW. Nuestra firma obtuvo la desestimación de las acciones, confirmando la conformidad del proyecto con las normas ambientales y regulatorias aplicables.

Representación de un grupo de medios y telecomunicaciones en una disputa sobre los derechos de transmisión de un canal de televisión nacional. El caso involucra el reconocimiento judicial de autorizaciones regulatorias históricas y cuestionamientos derivados de la emisión de nuevos permisos de transmisión a radiodifusores competidores, pese a existir litigios pendientes. El asunto abarca cuestiones técnicas de derecho de las telecomunicaciones, política de transición digital y protección de expectativas legítimas dentro del sector regulado de medios.

Representación de una empresa minera en la defensa frente a litigios constitucionales y administrativos interpuestos por grupos que procuran suspender el desarrollo de un proyecto de gran escala que cuenta con todas las aprobaciones ambientales y administrativas requeridas. La representación implica una estrategia integral de defensa basada en la solidez técnica y jurídica de las autorizaciones emitidas, lo que ha resultado en la desestimación de las acciones ante los tribunales y continúa reafirmando la validez de los permisos otorgados. El caso constituye un precedente relevante en materia de control judicial de las decisiones ambientales y de la seguridad jurídica de las inversiones en el sector minero.

Asesoró a un desarrollador de proyectos de energía renovable en relación con la debida diligencia, negociación y registro de derechos de servidumbre sobre los terrenos destinados a la instalación de las torres de transmisión del proyecto. La asesoría implicó un proceso continuo de negociación y coordinación con la comunidad involucrada, así como la regularización de los derechos inmobiliarios registrados envueltos, a fin de lograr el adecuado establecimiento y registro de las servidumbres correspondientes.

Representación de una empresa internacional de publicidad exterior en una impugnación administrativa contra un proceso de licitación pública convocado por una entidad del sector transporte, relativo a la concesión para la instalación y explotación de sistemas publicitarios en redes de transporte urbano. El caso se resolvió exitosamente a favor de la empresa, obteniendo la anulación del proceso de licitación y de la adjudicación realizada, y reafirmando la aplicación de los principios de transparencia, participación y correcta gestión de los bienes públicos en la contratación estatal.
Asesoría a una institución financiera estatal no bancaria en un proceso integral de auditoría legal que abarcó los aspectos contractuales, laborales, litigiosos y regulatorios de la entidad. La asesoría incluyó la evaluación del cumplimiento normativo y la identificación de riesgos legales, así como el análisis de las políticas públicas que la institución podría desarrollar e impulsar dentro del marco legal y regulatorio aplicable, fortaleciendo su gobernanza y capacidad institucional.

Asesoría fideicomiso público estatal encargado del desarrollo de viviendas en la asesoría para la implementación de la red de telecomunicaciones del proyecto habitacional más grande desarrollado en la República Dominicana. La asesoría ha implicado una asistencia legal integral, que ha incluido desde la representación del fideicomiso ante instancias judiciales obteniendo resultados favorables que confirmaron la legalidad de las actuaciones administrativas vinculadas al proyecto, así como la asesoría en los procesos de licitación pública necesarios para su ejecución.