Asesoría a V Energy, SA, subsidiaria de Total en la adquisición de una participación mayoritaria en Plater Investment, SA, una de las principales distribuidoras de gas natural licuado (GNL) en República Dominicana, cuyas operaciones incluyen transporte a través de ductos tradicionales, plantas de regasificación y estaciones de servicio, así como el diseño, operación y mantenimiento de todas sus instalaciones. El acuerdo fortalece la posición de Total en el sector energético dominicano y forma parte de su estrategia de crecimiento en toda la cadena de suministro de GNL, además de señalar su entrada en el sector de distribución de gas local.

Propuesta de préstamo garantizado por un monto de hasta US $ 10,000,000.00, a una fundación educativa en la República Dominicana, con el propósito de financiar inversiones CAPEX y necesidades de capital de trabajo relacionadas en conexión con su plan de inversión para garantizar las necesidades futuras de los programas educativos, instalaciones y laboratorios, y la adquisición y aplicación de software educativo.

Asesoría en el due diligence legal para una inversión prospectiva en un parque eólico de 34 MW actualmente en operación en el municipio de Baní, provincia de Peravia, República Dominicana, así como en dos parques eólicos de 50 MW y un proyecto fotovoltaico de 45 MW, que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. JP colaboró en la revisión y análisis de todos los asuntos corporativos, regulatorios, inmobiliarios, de seguros y tributarios, así como de los acuerdos materiales de cada proyecto, manteniendo conversaciones con las autoridades energéticas relacionadas con el potencial otorgamiento de la expansión de la capacidad del proyecto, y llevar a cabo negociaciones relacionadas con la obtención de un PPA para la capacidad adicional.

Asistió a Alstom Group, Alstom International, Alstom Grid y Alstom Transport en la demanda que Megabar presentó ante los tribunales locales en República Dominicana en su contra por el pago de más de € 5 millones en comisiones derivadas de una representación y Contrato de Consultoría, e indemnización por los supuestos perjuicios ocasionados por incumplimiento de contrato por parte de los demandados. Este caso sentó un precedente importante considerando que se estableció que la protección al orden público-establecida por la Ley 173 no se aplicaba y prevalecía la cláusula arbitral.